El Gobierno impulsa denuncias penales contra grandes bancos, aerolíneas y varias empresas por presunta evasión previsional e impositiva

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) inició una ofensiva judicial mediante denuncias penales contra destacadas entidades financieras y compañías de transporte aéreo ante la sospecha de maniobras de evasión en materia previsional y fiscal. Las acusaciones se centran en supuestas anomalías en la retención de aportes patronales y en la carga de deducciones desmedidas en el impuesto a las Ganancias por parte de sus planteles de trabajadores. En tanto, las firmas afectadas manifestaron su disconformidad con el accionar oficial, al que catalogaron como una medida desacertada, inoportuna y anticipada, argumentando que se utiliza al sector corporativo formal para intentar equilibrar la persistente contracción en los ingresos fiscales del Estado.

La ofensiva legal de la autoridad tributaria se canalizó a través de presentaciones en el fuero penal económico y en fiscalías del interior del país. De acuerdo con lo informado por el diario Clarín, las acciones penales de ARCA recayeron sobre el Banco Galicia, el Banco Santander, el nuevo Banco de Entre Ríos y el Banco Santa Fe.

El eje de los reclamos radica en la presunta dilación de las entidades financieras al momento de transferir al Estado los aportes y contribuciones de la seguridad social de sus empleados. La normativa vigente estipula que, una vez transcurrido un plazo de 30 días corridos sin efectuarse el depósito correspondiente, la omisión total o parcial de los fondos retenidos puede configurar el delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social. Asimismo, el fisco denunció irregularidades vinculadas a la retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), deducciones presuntamente infladas en concepto de indumentaria laboral en Ganancias y anomalías contractuales con beneficiarios del exterior en el sector aerocomercial.

La postura y defensa del sector financiero

Dentro del ámbito bancario, las medidas dispuestas generaron un profundo rechazo. Fuentes del sector afirmaron que el accionar del organismo recaudador resulta desproporcionado y acusaron al Ejecutivo de utilizarlos como chivo expiatorio en un contexto de urgencia fiscal. Respecto a la estrategia oficial, una fuente vinculada a la actividad bancaria manifestó textualmente: "Están tratando de marcar la cancha como que están controlando, son fuegos de artificio, no ameritaba darle esa entidad".

Por su parte, desde la filial local del Banco Santander salieron al cruce de las versiones informativas. La entidad de capitales españoles comunicó formalmente:

"Santander Argentina se encuentra al día con todas sus obligaciones fiscales, previsionales y regulatorias y no tiene conocimiento ni ha sido notificado de ninguna denuncia por supuestos incumplimientos sobre las cargas sociales de sus empleados".

A su vez, desde la misma compañía remarcaron que el banco opera bajo estrictos estándares de cumplimiento y control, de acuerdo con la normativa vigente, y mantiene una relación permanente de colaboración con las autoridades competentes.

En las mesas de la city financiera calificaron las denuncias de "sorpresivas", criticando que la exAFIP recurra directamente a los tribunales penales sin cursar requerimientos previos o inspecciones por las discrepancias detectadas en las declaraciones juradas. Los asesores corporativos señalan que la rectificación de datos forma parte de la práctica habitual y que el inicio automático de una causa penal carece de prudencia. Al respecto, allegados a una de las entidades financieras expresaron: "Asumen que el contribuyente se quedó con retenciones o evadió y con eso hacen una denuncia penal, cuando en rigor no hay nada mal, el fisco sin preguntar asume delito y denuncia, es bastante grave, involucra a directores y pone al banco sobre la lupa, debería haber más responsabilidad".

Adicionalmente, desde otra de las entidades explicaron que los desajustes temporales corresponden a una operatoria común derivada de la liquidación retroactiva de las paritarias sectoriales por volúmenes marginales de aportes. Según argumentaron, una vez que se conoce el índice de inflación, se firma el acuerdo y se paga en forma retroactiva, lo que desestima la hipótesis de una voluntad de evasión.

En cuanto a las deducciones por vestimenta de trabajo, las empresas delegaron la responsabilidad en los propios empleados, quienes confeccionan sus declaraciones individuales. En el sector privado atribuyen la multiplicación de expedientes judiciales a la renovación de las jefaturas en las áreas técnicas penales de ARCA, sugiriendo que la actual gestión prefiere "denunciar por las dudas" sin sopesar el impacto institucional que conllevan estos procesos para el Poder Judicial.

Contexto económico, recaudación e informalidad laboral

Las fiscalizaciones masivas coinciden con un escenario macroeconómico complejo y con directrices de los organismos internacionales de crédito que sugieren ampliar la base imponible en Ganancias, Monotributo e IVA. De acuerdo con los registros oficiales del Ministerio de Economía correspondientes al mes pasado, la recaudación real del Tesoro nacional sufrió una contracción del 4% interanual en mayo, encadenando diez meses consecutivos con variaciones reales negativas. El rubro de seguridad social, que representa cerca del 40% de la torta de ingresos del Estado, replicó idéntico deterioro en el acumulado de los primeros cinco meses del año debido a la recesión, la baja del empleo registrado y la pérdida de poder adquisitivo en los sectores más dinámicos.

A la par de los grandes contribuyentes, los operativos de control de la seguridad social y de registración laboral se extendieron en los últimos meses a diversos comercios, frigoríficos, cadenas de electrodomésticos y gastronómicas, incluyendo las firmas Kentucky y Ugi's. Fuentes de la exAFIP sostuvieron que el procedimiento administrativo convencional es estricto: se los intima a los que no hagan los aportes y, si no los hacen, termina siendo una denuncia penal.

Por el contrario, desde las dependencias oficiales defendieron la regularidad de las inspecciones actuales y recordaron el marco de facilidades otorgado previamente al sector privado, que incluyó la condonación de deudas previsionales en 2024 a través de un blanqueo laboral, la flexibilización de criterios impositivos en 2025 bajo la Ley de Inocencia Fiscal, y la reciente disminución de las contribuciones patronales vigente desde el 1 de mayo de 2026 en el contexto de la reforma laboral.

El endurecimiento de los controles se da en un mercado laboral debilitado. Datos estadísticos del INDEC indicaron que el empleo informal trepó al 43% de la población ocupada al cierre del cuarto trimestre de 2025, mostrando un incremento frente al 41,4% registrado a finales de 2023. Esta dinámica implica que el universo de trabajadores sin registrar se expandió hasta alcanzar a unos 9 millones de personas en todo el territorio nacional.